Familiares Sobrevivientes de Femicidios de distintos puntos del país hicieron una asamblea en San Luis durante el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Sus relatos, que incluyen desapariciones en plena democracia, tejen la radiografía de la violencia que arrasó con la vida de sus hijas, la impunidad a la que se enfrentan y las deudas que el Estado sigue teniendo para construir el Ni una más.
Por Florencia Paz Landeira, desde San Luis.
Familiares de víctimas de femicidio llegaron desde todo el país hasta la provincia de San Luis para aunar su lucha por justicia y por respuestas concretas a las demandas que desde hace años el Ejecutivo nacional decide ignorar.
Participaron de diversos talleres durante todo el fin de semana, pero decidieron convocar a una Asamblea de Familiares de Víctimas de Femicidios, Trata e Impunidad para visibilizar los rasgos comunes y sistemáticos de estos crímenes y violencias, pero también del hostigamiento de gobiernos, jueces y fiscales y las barreras estructurales que enfrentan en la búsqueda de justicia. Un entramado policial, judicial y estatal que trabaja para garantizar la impunidad.
Cada una de sus palabras fue escuchada por decenas de personas presentes, y fueron abrazadas por otras familias.
El arte de excarcelar femicidas
Luna Ortiz tenía 19 años cuando fue drogada, alcoholizada y violada en reiteradas ocasiones por varios hombres mientras le suministraban drogas. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la casa de Isaías Villarreal, quien la había contactado a través de las redes sociales. Allí Villarreal y dos hombres más la drogaron, alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía.
La investigación de la muerte de Luna se fragmentó en distintas causas y cuando tendría que ser un solo proceso. Una de esas causas es la que el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción Violencia de Género San Isidro, caratuló en 2019 –dos años después del femicidio– como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”.
Por esa acusación se condenó a Villarreal a 14 años de prisión y se imputó a Pablo Paz Gutiérrez por abuso sexual seguido de muerte. Dos años después, en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, hicieron lugar al pedido de la defensa y catalogaron el femicidio de Luna como “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”.
Y así, este año, el femicida Villareal consiguió la excarcelación.
Marisa, mamá de Luna, habla en la asamblea: «Tengo tristeza pero también quiero agradecer porque nos entretejimos y nos organizamos para llegar hasta acá. No hay acceso a la justicia y eso es lo que se repite en todos los casos. La causa de Luna está dividida en 5 partes, ninguna con carátula de femicidio. La muerte de Luna no fue por abandono, fue un femicidio. El que la vendió a Luna como una mercancía hoy vive a cinco cuadras de mi casa. Ahora nos dicen que necesitamos otra pericia que tenemos pagar desde nuestros bolsillos. Mientras el fiscal juega a favor de los femicidas”.
Marisa resumió así lo que vive: “Todo esto es violencia institucional. Estamos cansados de que sigan revictimizando a nuestras pibas. Por todo esto necesitamos al feminismo”
Sobre el rol del Poder Judicial y el Estado, Marisa dijo: “El Poder Judicial hace lo imposible para que nunca podamos hacer justicia por Luna. La idea es que estemos acá para dejar en evidencia el encubrimiento por parte de policías, jueces y fiscales de la trata y el narcotráfico que está implicado en el crimen de nuestras pibas. Nos faltan el respeto a los familiares. Estamos cansados de seguir exigiendo justicia y que nos cierren las puertas en la cara. Nosotros vamos por un Nunca Más. Que no nos falten más pibas. Tiene que ser la lucha que nos una a todas como fue por el aborto que logramos la ley».
El rol narco
Desde Tigre, Provincia de Buenos Aires, también llegó Lisette Fernández, una joven con su familia atravesada por la violencia.
Cuando en 2013 su hermana Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia. Micaela había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando apareció días después con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido. Y volvieron a negarle el derecho a denunciar, pero no solo eso: horas después fueron a detenerla a su casa y la llevaron a la comisaría, donde fue torturada. El 17 de febrero de 2013 su hija Micaela fue asesinada en la casa de un hombre, Dante “Pato” Cenizo, conocido en la zona por su relación con el narcotráfico.
Micaela Fernández tenía 14 años cuando fue asesinada.
Un año más tarde, el segundo crimen.
Por denunciar las redes de complicidad policial, buscando a los responsables y tratando de conseguir justicia, también torturaron y asesinaron a la mamá de Micaela, Nancy Fernández. Fue el 2 de mayo de 2014. La encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Tenía 36 años.
Lisette Fernández, tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad, tomó el reclamo de justicia. «La única manera de que haya avances en las causas es luchando. Las compañeras siempre estamos ante la ausencia del Estado y la justicia. Nos cuidamos como no lo hace nadie más», dijo ante la asamblea que la escuchaba atenta.
¿Quién mató a Cecilia?
Cecilia Basaldúa tenía 35 años. Tras 20 días desaparecida en Capilla del Monte, Córdoba, el 25 de abril de 2020 su cuerpo sin vida apareció con signos de abuso sexual y estrangulamiento. La fiscal a cargo de la investigación del crimen fue Paula Kelm. La familia denuncia que se encargó desde el primer momento de manipular la causa: los testimonios, las pruebas, las líneas de investigación.
Por ejemplo: la última persona que vio a Cecilia con vida fue Mario Mainardi, dueño de la casa donde ella se estaba alojando, pero no fue investigado como sospechoso. El único que llegó a juicio fue Lucas Bustos, joven que fue detenido por la fiscal, aun cuando la única prueba en su contra era el testimonio de oficiales de la policía que dijeron que lo habían escuchado confesar el crimen. La fiscal no esperó resultados de pruebas de ADN ni obtener algún otro indicio que demostrara siquiera algún encuentro entre Lucas y Cecilia. Cerró la investigación y la elevó a juicio.
La familia de Cecilia no acompañó la acusación contra Bustos, considerado el clásico “perejil” utilizado en la causa para lograr la impunidad de los verdaderos responsables. Bustos terminó absuelto por falta de pruebas. Ahora la familia de Cecilia motoriza un nuevo proceso para que se investiguen las responsabilidades de quienes hospedaban a Cecilia, y también las de la policía y la fiscalía.
Susana, mamá de Cecilia Basaldua, habló emocionada: “Les agradezco a las mujeres por nuestra fortaleza y nuestra presencia. No tengamos miedo, sigamos luchando. La fiscal que intervino en el caso de nuestra hija es corrupta y encubridora. Tenemos que pelear contra toda una trama de policías, fiscales y jueces que juegan para la injusticia. Investigamos más nosotros como familiares que ellos. Por lo que escucho acá, todos los casos son iguales. Pero no tenemos que bajar los brazos. Yo voy a estar en todos los juicios, en todas las marchas, los vamos a tirar abajo».
Desaparecida en democracia
El concepto del “desaparecido” suele relacionarse con tiempos de la dictadura, pero hay también desaparecidxs en democracia.
Mariana González está desaparecida desde el 8 de marzo de 2014. Nelly, su madre, llegó a San Luis desde San Miguel de Tucumán: «La justicia no nos ha ayudado en nada. En noviembre de 2013 ella denunció que había sido golpeada y abusada por un grupo de hombres involucrados en narcotráfico. Ella tenía una adicción a los calmantes después de un accidente que tuvo en 2010 por el que tenía una prótesis en el tobillo. La causa está caratulada como abuso sexual. Pero para las pobres no hay justicia. Todo es lento. Nadie la busca. Están sentados atrás de un escritorio y nos mandan a nosotros a buscar y a investigar. Es mucha injusticia y mucho daño».
Cita en febrero: red contra la muerte
Al cierre fue Marisa, mamá de Luna Ortiz, quien volvió a tomar la palabra y convocó a organizarse para que familiares de todo el país viajen en febrero a Mar del Plata para acompañar el juicio por Lucía Pérez.
“Queremos casos ejemplares, queremos sentar jurisprudencia”, dijo.
“Queman nuestros campos para seguir con sus negocios, nos violentan a las mujeres cuando salimos a reclamar y nos faltan el respeto a las familias cuando pedimos justicia por nuestras pibas. ¿Cómo puede ser tanta violencia? Sigamos armando esta red en contra de la muerte».
