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La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) repudia enérgicamente el secuestro y tortura de dos jóvenes integrantes de La Garganta Poderosa y exige una respuesta clara del Poder Ejecutivo y de las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad. Los hechos, denunciados por la publicación autogestiva, ilustran la gravedad de la situación: Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, de 18 y 15 años respectivamente, fueron detenidos en la noche del 22 de septiembre por agentes de la Policía Federal, esposados por efectivos de Prefectura Naval y torturados en un destacamento policial. Luego, los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo. “Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”, denunciaron. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”. Hubo trompadas, palazos en la pierna y simulacro de fusilamiento. Cuando finalmente los soltaron, fueron encañonados por la espalda: “Corran bien rápido o van a ser boleta”. El colectivo anunció días después la detención de siete efectivos. A continuación, reproducimos la denuncia de La Garganta Poderosa: Cuando la impotencia no te deja pensar, cuando la rabia no te deja escribir, cuando el dolor no te deja llorar, las fotos se vuelven gritos, ante los dedos estúpidos que balbucean unas líneas, mientras los ojos escupen sobre el teclado. ¿Saben cuántos años tiene, Ezequiel Villanueva Moya? No hay razones, ni a derecha, ni a izquierda, ¡15 años tiene, cagones de mierda! Atrevido, tuvo el tremendo tupé de salir la noche del sábado para visitar a su abuela, que también vive en la Villa 21. De regreso, lo paró la Policía Federal para revisarlo y, aprovechando que justo lo saludaba su amigo Iván Navarro, los denigraron un rato a los dos, entre amenazas y chicanas sobre el supuesto origen espurio de sus prendas. “Yo me acerqué para darle un abrazo a Eze y un oficial, así, de la nada, directamente vino y me pegó una trompada”. Negativa la requisa, los dejaron ir, pero apenas 30 pasos, donde volvieron a ser interceptados por tres móviles de Prefectura, con cuatro uniformados cada uno. “Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú”. ¿Para qué? “Para cagarnos a palos”. ¿Y los largaron? “No, nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro”. De ahí, se los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de Sirga. “Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”. Trompadas en la cara y palazos en las piernas, como tantas otras veces a tantos otros villeros, esta vez no fueron suficientes. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”. Pero no, todavía no termina. “Alterados, como sacados, nos esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire, mientras nos quitaban las camperas que supuestamente habíamos robado”. Pero no, robar, robaron ellos, “que se reían cuando nos ponían un cuchillo en el cuello y nos decían que también les parecían lindas nuestras zapatillas, nuestras cadenitas… Nos sacaron todo”. Justo ahí, a pocas cuadras de la Parroquia Caacupé, uno de los prefectos puso su arma en la nuca de Iván, para obligarlo a rezar. “Dale, un Padre Nuestro para que no te mate, dale”. Y al final, cuando por fin accedieron a soltarles las manos, los encañonaron por la espalda, con una escopeta: “Corran bien rápido, o van a ser boleta”. Corrieron, corrieron a sus casas, corrieron a nuestra redacción, corrieron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional y ayer se presentaron en la fiscalía de Pompeya, para prestar declaración. ¿Y adivinen qué? Sí, estaba ahí, uno de ellos estaba ahí, el prefecto Leandro Adolfo Antúnez estaba ahí. Lo vieron, lo señalaron y lo denunciaron. Acto seguido, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que integraban el móvil. Pero ahora, nuestros compañeros tienen miedo. Sus familias tienen miedo. Nosotros tenemos miedo. Basta de silencio y basta de impunidad: ¡Control Popular a las Fuerzas de Seguridad!