La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) mantuvo un encuentro virtual con el diputado Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, su asesor Diego Rossi y su jefe de prensa Luis Zanetti. El encuentro fue solicitado para tratar las urgencias de las más de 100 publicaciones gráficas y digitales que componen AReCIA. En ese sentido, se habló sobre la situación de emergencia en la que venían nuestros medios luego de los últimos cuatro años, y el impacto de esta restricción a causa de la pandemia de Covid 19.
Por esa razón, uno de los ejes del encuentro fue el entendimiento de que el sector de los medios culturales, autogestivos y cooperativos ya no puede ser interpretado como una alternativa que necesite ser asistido, sino como un sector que genera y sostiene puestos de trabajo frente al criterio especulador de las empresas comerciales, además de su diversidad y pluralidad en materia de las temáticas y los públicos que aborda.
Así, una de las propuestas a mediano plazo es realizar una actividad pública en el Congreso donde estos sectores -entre ellos, AReCIA- sean los ejes para pensar una política pública que los contemple desde la dimensión productiva que reflejan.
Otro de los temas planteados fue la necesidad de criterios claros en la distribución de la publicidad oficial. Desde AReCIA se expusieron los criterios bajo los que se logró sostener desde 2013 lo que se llamó Pauta Compensatoria para nuestras revistas, que implicaba un mínimo porcentaje de la distribución total. Si bien se aclaró que esta asociación entiende el contexto de crisis por la deuda que dejó la anterior administración conjugado con la emergencia que implica la pandemia, se detalló el impacto que implica la no continuidad de ese convenio para nuestras revistas.
Finalmente, el diputado se comprometió a hacerle llegar la urgencia de reactivar el convenio de Pauta Compensatoria a las actuales autoridades de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, además de subrayar la importancia de una ley que regule su distribución y que destine un porcentaje para medios de gestión social.