La sociedad chubutense movilizada lo logró: el gobernador Mariano Arcioni envió un proyecto de derogación de la Ley de zonificación minera firmado la semana pasada, tema que se concretará mañana en sesión virtual.

Mientras muchos medios se dedican a razonar sobre el 19 y 20 de 2001, ignorando el conflicto en Chubut, en pleno 2021 la provincia produjo una histórica movilización social: cortes de ruta, asambleas en toda la provincia, paros generales de las dos CTA y varios gremios de la CGT en rechazo al proyecto de instalar la megaminería en la provincia.

En 2019 había ocurrido lo mismo en Mendoza, y el Mendozazo de fines de ese año obligó a los mismos legisladores que habían votado la imposición de la megaminería, tuvieron que hacerlo una semana después en sentido contrario.

Durante este lunes el gobernador Mariano Arcioni había dejado trascender que «suspenderá» la aplicación de esa Ley de zonificación sospechosamente votada por 14 diputados la semana pasada.

Las asambleas rechazaron ese «trascendido».

Lo que planteaba la sociedad chubutense era la derogación lisa y llana del proyecto de «zonificación» que permite la megaminería en la meseta.

Este 20 de diciembre amaneció con cortes en la Ruta 3, en la 40, movilizaciones en cada localidad de la provincia, paros totales de las dos CTA, expresiones de protesta en los comercios y hasta por parte del personal de supermercados, sin contar los docentes y la administración pública.

El “trascendido” provocó más indignación, en una provincia volcada a las calles y rutas reclamando la derogación de la ley. Las movilizaciones, como la de Esquel, empezaron a dirigirse a Rawson, donde se habían presentado dos proyectos de derogación de la ley, para que fueran votados en la legislatura. Mientras tanto, un juez dio curso a un hábeas corpus colectivo para impedir los abusos de violencia institucional cometidos por la policía, que secuestró y golpeó manifestantes, organizó cacerías en barrios populares de Rawson y Trelew, y probadamente infiltró las marchas de los últimos días generando disturbios e incendios para justificar la represión posterior y la criminalización de los manifestantes.

Una muestra de la situación: el concejo deliberante de Puerto Madryn fue el primero y único que, en coordinación con Arcioni y las corporaciones había aprobado la zonificación. Sin embargo hoy Gustavo Sastre, su intendente, anunció que vetará al Concejo Deliberante. Sastre es el hermano mellizo del actual vicegobernador Ricardo Sastre. La casta política comenzaba el repliegue.

Tweet del intendente pro minero: “Como dirigente debo reconocer el comportamiento de los vecinos de mi ciudad, que han salido a marchar en las calles de forma pacífica”. “En momentos como estos, hay que tomar decisiones que nos permitan mantener la paz social. Vamos a vetar la ordenanza a través de la cual nuestra ciudad recibiría fondos por regalías”.

Arcioni en sus twits: “Hemos decidido derogar la Ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo.

En el mismo mensaje plantea que llamara al plebiscito para «escuchar todas las voces del pueblo». Las voces del pueblo parecen haberse expresado durante los últimos 19 años de rechazo a la megaminería y en estos días de movilizaciones históricas, que siguen produciéndose en toda la provincia hasta garantizar y que la clase política registre que la minería no tiene licencia social en la provincia.

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