La jueza Silvina Domínguez dictó hoy el sobreseimiento de la maestra Andrea Despo y con esa medida confirmó las graves violaciones de sus derechos que representó su detención y trasladado en condiciones vejatorias al penal de Ezeiza junto a otras tres mujeres mapuche; fueron incomunicadas, desinformadas, trasladas y desnudadas de forma humillante. Ahora a la jueza le restan 8 días hábiles para determinar la situación procesal de las otras 6 mujeres criminalizadas: si las procesa o las declara inocentes de los delitos de «usurpación, incendio y resistencia a la autoridad» que caratulan este proceso desatado tras una manifestación encabezada por la líder opositora de ultraderecha, Patricia Bullrich. La otra noticia del día en relación a este caso: la detenida embarazada inició su proceso de parto.
“Que no estemos solas como gente, porque espiritualmente estamos acompañadas”, pide Betiana Coluhuan Nahuel, la machi/guardiana del alma mapuche, desde la prisión domiciliaria en Furilofche en conversación con la FM Che Comunitaria. Con voz tranquila sintetizó así lo que vivieron: “Fuimos humilladas y violentadas tal como lo hicieron con nuestros ancestros”. Andrea Despo completa: “Comprendí con el cuerpo lo que vivieron aquellos que fueron trasladados a la Isla Martín García”.
Se refiere así al genocidio que comenzó con la Campaña de ese Desierto poblado de pueblos originarios y culminó con el traslado de 5 mil personas -mujeres, niñxs y hombres- que esperaban en el frio y hambre de la cárcel de esa isla que fueran seleccionados por los dueños de las estancias para trabajar como esclavos. Esa era entonces la única manera de salvar la vida.
Ahora, cuando la comunidad asimila el alivio que trae la noticia de la declaración de inocencia de una y la alegría del inminente nacimiento de otra, señala alrededor del predio para transmitir su actual preocupación: la zona se encuentra saturada de fuerzas de seguridad. Es esa impostura de militarización lo que preocupa, no ya sólo para qué sino para quién actúan.
Quizá esta historia, entonces, haya que comenzar contándola por el principio, que en términos de actualidad comenzó cuando a mediados de julio de este año el gobierno de Neuquén tuvo que reconocer el derecho de la comunidad mapuche que tiene la propiedad comunitaria de las tierras de Vaca Muerta a ser escuchada en una consulta pública para transmitir su visión de esa explotación. Es un derecho constitucional, respaldado por tratados internacionales y exigidos por la comunidad ante tribunales que así lo confirmaron. “Esto es ponerse de rodillas a la extorsión mapuche”, desvirtuó el dirigente opositor Miguel Ángel Pichetto, actual Defensor del Pueblo de la Nación que paradójicamente tiene, entre sus funciones específicas, el monitoreo de los derechos de los pueblos originarios por parte del Estado argentino.
Como ya es costumbre en las campañas que debe soportar la comunidad -en Argentina y en Chile, en Río Negro, Neuquén o Santa Cruz- lo que siguió fue una serie de “atentados” que fueron atribuidos a “los mapuches” porque así lo proclamaban las consignas que los atacantes pintaron con aerosol. Una, dos, tres vandalizaciones y lo siguiente fue una movilización encabezada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la bandera argentina como escudo. Así se logró que al día siguiente la jueza Silvina Domínguez ordenara un operativo policial, “que incluyó la realización de un allanamiento bajo el argumento de ´cesar delitos´, sobre 9 (nueve) predios en la zona de Mascardi, en los que existían actuaciones judiciales, tanto federales como provinciales, en el marco de una causa en la que se investiga un delito de incendio y daños. La medida de allanamiento incluyó entre otras, el desalojo de todas las personas que estuvieran en esos 9 terrenos, se las detuviera, se les secuestrara elementos de interés y se las requisara”, según consigna el habeas corpus presentado por Diego Morales, en representación del CELS, los abogados de la comunidad Andrea Reile y Ezequiel Palavecino y el delegado regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien además solicitó que dos de sus letrados monitoreen todo el proceso judicial. No existen antecedentes en el país de una actuación semejante y en democracia. La explicación a esta intervención del organismo internacional en una causa a pocos días de realizarse un proceso judicial hay que buscarla en el acta que labró la fiscal Cecilia Incardona. La hizo en el penal de Ezeiza, luego de entrevistar a las cuatro mujeres mapuche trasladadas y en el marco de la causa que inició en los tribunales de Lomas de Zamora la presentación del Habeas Corpus. Allí consta el listado de violaciones:
- No las dejaron comunicarse con sus abogados.
- No les informaron los delitos que se les imputaba.
- Las autoridades policiales les dijeron que las iban a trasladar, pero no supieron a dónde hasta que llegaron a Buenos Aires.
- En el proceso de trasladado las desnudaron y requisaron tres veces, todas de formas humillantes.
“Se deja constancia que en todo momento expresaron su voluntad de estar en un sitio cercano a su centro de vida; que además de la violencia y el maltrato al que fueron sometidas durante estos días, consideran que resulta ilegítimo y violatorio de sus derechos fundamentales que hayan sido expatriadas de sus tierras y enviadas a miles de kilómetros de sus familias”.
Como resultado de lo expuesto en el proceso del habeas corpus la jueza tuvo que admitir que debían regresar a sus hogares para cumplir allí arrestos domiciliarios.
El habeas corpus, el acta y lo que así se denunciaba motivó entonces las instrucciones del titular de la Comisión Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Agustín Carrique, que envió a la justicia para recordarle sus obligaciones ante el nuevo traslado. Entre ellas que “ se asegure el estricto cumplimiento de lo previsto en la BPN 587, en particular, los arts. 14, 15 y 16, en cuanto se establece que la regla general en materia de registros corporales consiste la revisión corporal superficial, asistido mediante el uso de medios electrónicos no invasivos, evitando en lo sucesivo realizar requisas vejatorias y violatorias de la intimidad y dignidad de las accionantes”.
Las otras tres detenidas están arrestadas en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Una de ellas es la que está a punto de dar a luz.