Detenido sin pruebas desde hace 50 días, a raíz de las últimas protestas contra el acuerdo del FMI, Jaru Rodriguéz se transformó en un nuevo preso político del actual gobierno. Dirigentes que celebran junto a la oposición, una justicia que ataca las marchas, un migrante que vino al país para estudiar y progresar, tras las rejas: perfil de un joven estudiante, y su voz desde el otro lado del vidrio de la alcaldía donde se encuentra detenido. Hoy 17hs se hará una jornada de clases públicas y luego una conferencia frente a la facultad de Ciencias Sociales, donde Jaru cursaba. «La consigna será posicionar a la facultad contra la criminalización de la protesta», asegura la convocatoria, motorizada por sus amigos.

Por Facundo Lo Duca

Lo siguen. Lo sabe. Él frena. Ellos frenan. Así dos, tres veces. Jaru Rodríguez, a bordo de su auto, acelera por Acassuso, provincia de Buenos Aires. Está asustando y llama a un amigo en la secretaría de desarrollo social de Vicente López.

─Alguien me está siguiendo en un auto. Ayudame, por favor ─le dice.

─Venite ya para la secretaría.

Cuando llega, el auto que lo venía siguiendo también se detiene. Una moto se suma. Son policías de civil. Explican que su auto tiene “irregularidades”, que no querían que se metiera en algún taller mecánico. Su amigo sale del edificio público con más personas. Nada de esto los convence. “No pueden perseguirlo así, muchachos”, les dicen. Los efectivos se van. Pero a la noche, cuando Jaru Rodríguez regrese a su casa, mientras duerma junto a su novia, todo sucederá rápido. El estallido de la puerta, las esposas, el viaje hasta una celda fría en una alcaldía de Lugano. Rápido: el escarmiento. “Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de Cristina Kirchner era beneficiado del Potenciar Trabajo”, dirá el ministro de desarrollo social, Juan Zabaleta. “Ya lo dimos de baja. La sociedad los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta”, concluirá. “Muy bien que le saquen el plan”, sumará la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Ahora anímense a sacárselo a aquellos que todos los días cortan las rutas”. Todos: “Atentado piquetero”. “Planero”. “Zurdo”. Pero nadie: ollas populares en Constitución, huertas agroecológicas en Ciudadela, la ayuda a otros migrantes en pandemia. “La calle”, dirá semanas después Jaru Rodríguez ─venezolano, 29 años, alto─ a través de una pared gruesa y vidriada en la alcaldía de Lugano. “Extraño la calle, marchar con mis compañeros. Protestar no es un delito”.

El 16 de marzo, Jaru Rodiguéz fue detenido en su casa de Acassuso, tras un allanamiento policial. La orden de su captura había sido dictada por la justicia porteña, luego de acusarlo falsamente de ser unos de los responsables de los piedrazos del 11 de marzo al Congreso de la Nación, mientras se desarrollaban las protestas contra las negociaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Otras dos personas que marchaban ese día, Julián Lazarte (liberado en los últimos días) y Oscar Santillán, también fueron arrestados en las mismas condiciones. Las pruebas presentadas por la Justicia contra Jaru, explica su abogado Martín Alderete, carecen de sustento legal: no hay cámaras, ni testigos que lo ubiquen en alguno de los momentos donde se produce la pedrada al parlamento y, como se supo después, al despacho de la vicepresidenta. Para Alderete el encierro de Jaru solo contribuye a “criminalizar la protesta” a través de una causa con “alto contenido xenófobo”.

¿Quién es Jaru Rodríguez?

 “Ponía el cuerpo. En las ollas populares, en la facultad, en huertas, en las causas migrantes. Pocos articulan la militancia y el territorio como lo hace él”, dice Facundo Cifelli, amigo de Jaru. Lo conoció en el Ciclo Básico Común (CBC) de la carrera de sociología en 2015. Ese año Jaru había llegado a Buenos Aires para empezar una carrera universitaria, tras vivir cinco años en Nueva York. Allí, en una ciudad fría y hostil para cualquier migrante sin recursos, había intentado acceder a una beca de estudio, pero no tuvo suerte. Entonces hizo lo que cualquiera: trabajar de lo que sea. “En Estados Unidos aprendió el oficio de barista, así que llegó y se abrió un café con un socio en frente del colegio Mariano Acosta”, cuenta Cifelli. La ubicación de ‘Café Furia’, frente al histórico Mariano Acosta, nutría a Jaru de debates políticos frecuentes. Sin embargo, su socio abandonó el proyecto a fines del gobierno macrista y precipitó el cierre del local. “Trabajaba él solo doce horas por día. No pudo mantenerlo. Yo lo ayudé un tiempo, pero con la crisis económica se hizo insostenible”, recuerda su amigo. Para fines fines del 2019, Jaru ya militaba en varios espacios políticos. Desde agrupaciones como el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez), donde colaboraba cocinando en diferentes comederos, hasta organizaciones migrantes dedicadas a la asistencia social. Su apoyo en el territorio era cotidiano, quizás lo más importante. Facundo recuerda una anécdota particular que refleja esto. Para una materia de la carrera de sociología debían hacer una comparativa de dos situaciones socialmente opuestas. Muchos elegían la aristocracia del Patio Bullrich frente a lo populoso del Mercado de Constitución. O la pasividad de un partido de tenis en un club privado contra la euforia de una cancha de fútbol. Jaru, sin dudar, lo llevó a un boliche dominicano y luego a un bar de rock en Colegiales. “La tenía muy clara con el mapeo económico y social de Buenos Aires”, vuelve Cifelli. “No era un militante orgánico. Curtió experiencias que lo llevaron a entender que había que poner el cuerpo por el otro”.

Tras el cierre de su bar a fines del 2019, Jaru consiguió trabajo en la cooperativa de alimentos ‘Qué comés cuando comés”, dedicada a la distribución de frutas y verduras agroecológicas en Capital Federal. “Era una máquina de laburar”, recuerda Pablo Gandolfo, integrante de la cooperativa. “No paraba nunca. Tenía una metodología de trabajo con los alimentos muy práctica. Se notaba que tenía cancha”, agrega. Sus inquietudes por la soberanía alimentaria lo llevaron, meses después, a empezar a colaborar con una huerta en Ciudadela. La tierra húmeda entre sus dedos, la disputa por el acceso a la comida ─por los otros, por los espacios─ lo pondría en la calle en plena pandemia.

“Fue la primera persona que conocí que se contagió covid”, cuenta Lautaro Matéu, también compañero de Jaru en Sociales. “Cuando empezó el confinamiento estuvo en la primera línea de las ollas populares. Siempre estaba activando alguna”, dice. “Le gusta cocinar. Él desde ahí impulsa un espacio de debate. ¿Qué es realmente lo que comemos hoy?”. Lucas López, también estudiante de sociología, lo define así: “Un militante sin casete”. Y sigue: “No repetía discursos. Se involucraba mucho con el espacio que habitaba y eso lo hacía alguien querible. Sea en la facultad o en cualquier parte”.

Tras un año de trabajar en la cooperativa, Jaru había empezado un nuevo empleo como repartidor de comida para una aplicación digital. Por su salario precarizado, recibía una complementación a través del programa estatal Potenciar Trabajo. El 11 de marzo asistió a la marcha para protestar contra una nueva negociación con el FMI. Cinco días después ─tras ser perseguido de forma ilegal─ fue arrestado y trasladado a una alcaldía de Lugano.

Facundo, amigo del CBC, de espaldas a la alcaldía en Lugano donde Jaru se encuentra detenido. Foto: Sebastian Smok

De este lado de la reja

La sala es fría, un rectángulo de cemento opaco, liso. Hay una pared vidriada que separa, un teléfono, veinte minutos. Jaru Rodríguez, del otro lado, viste un buzo holgado y beige. Sonríe. Lo hará en cada respuesta. Como si hubiera aprendido a hablar así: un dejo de optimismo entre los labios.

─Extraño cocinar. Me gustaría preparar unas arepas para mis compañeros acá adentro, pero no nos dejan. El secreto para preparar una buena arepa es ser uno mismo. Porque es un plato con personalidad. Podes hacerlas más finitas, más gruesas, depende de quien seas.

De chico vivía con su abuela en unos monoblocs de Caracas. A los 18 años, se fue a Nueva York. Allí, dice, sintió el peso de las injusticias sobre sus hombros.

─Fue duro. Estuve cinco años. Vi de todo. Entendí lo que significa ser un inmigrante. Lo necesario que es que alguien te ayude, que te de una mano sin que las pidas.

Durante la pandemia, participó en la ciudad del censo migrante junto a su agrupación política. Iban casa por casa para charlar con diferentes migrantes socialmente vulnerados. Un espejo que lo asustó, dice, pero que también confirmó por qué estaba ahí mismo.

─Extraño la calle. A mis compañeros, a mi novia, la facultad, la huerta. Estoy preso por protestar, por ejercer mi derecho. Lo sé. Y la voy a pelear. Sé que mis compañeros lo están haciendo afuera. Por mí.

Un policía afuera dice que se terminó el tiempo. Jaru estira el brazo. Arriba. Más arriba. Apoya. Una palma que se abre sobre una pared vidriada. Dedos formando una estrella en el aire. Así son las despedidas del otro lado. Jaru Rodriguez, los ojos se le empañan, se ríe.