Criminalización de la protesta. Pueblos originarios de Santiago del Estero y campesinos reprimidos por defender sus tierras; vecinos encarcelados en Catamarca tras rechazar la explotación minera; militantes presos sin pruebas por disturbios en Congreso contra el acuerdo con el FMI. El poder judicial y el político se alinean para ocultar y disuadir los conflictos, fisurar la organización y hacer avanzar negocios sin licencia social. Voces de los detenidos y miradas cuado la calle no calla. Por Facundo Lo Duca.

Sebastián Smok

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