Fue asesinada en la puerta de la escuela, tras haber acompañado a una alumna a denunciar abuso sexual infantil. Nadie indagó la relación entre ambos hechos, pero el culpable confesó que fue un crimen por encargo (dijo que lo mandaron a “sicarear”). Pero, por ser insolvente, lo increíble: la familia de la víctima debía pagar el juicio, casi $500.000. Hasta llegaron a hacer una colecta. La responsabilidad del Estado, el sicariato de lo “legal” y lo que se impulsa desde abajo: la Ley Vanesa. Por Anabella Arrascaeta.
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