La diputada Graciela Camaño revela que percibe “falta de voluntad política” tanto en el oficialismo como en la oposición para tratar la Ley de Humedales que sigue sin tratarse desde hace casi 10 años. Mientras tanto esas áreas continúan incendiándose para favorecer agronegocios a costa de la salud de la población y el medio ambiente. El 21,5% del territorio argentino es de humedales, lo que incluye los salares donde se explota el litio “sin ningún cuidado ambiental” reconoce Camaño. La advertencia de la Multisectorial de Humedales contra un proyecto impulsado por el Ministerio de Ambiente a cargo de Juan Cabandié.
Mientras siguen incendiándose los humedales en el Delta del Paraná, el tema de esos espacios cruciales para la preservación del ambiente, el agua y el clima, tiene una historia densaen el Congreso de la Nación. Los primeros proyectos se presentaron en 2013, hace casi una década, y obtuvieron media sanción en el Senado, pero luego perdieron estado parlamentario por no ser tratados en Diputados.
En 2016 pasó lo mismo: media sanción en la Cámara Alta y pérdida de estado parlamentario por no ser tratado en la Cámara Baja. Luego, los proyectos presentados en 2018 perdieron estado sin siquiera ser tratados. Con la urgencia ineludible de los incendios de 2020 (vale recordar las quemas en Corrientes) se presentaron 15 proyectos (10 en Diputados y 5 en el Senado), que se unificaron en un texto de dictamen discutido ampliamente en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, por representantes de 18 provincias. Sin embargo, el tratamiento en las otras comisiones no continuó y meses después perdió nuevamente estado parlamentario. La última presentación de un proyecto fue en marzo de este año: organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, de todo el país acompañaron el proyecto que impulsó el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), pero aunque pasaron cinco meses, en la web oficial de la Cámara de Diputados continúa indicando que aún no se giraron a ninguna comisión.
“Es una barbaridad, el reglamento establece que rápidamente hay que darle giro a los proyectos, no puede bajo ningún punto de vista la presidencia de la Cámara tener en revisión los giros”, dice a lavaca la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien sigue el tema desde su inicio intentando surfear las grietas.
En síntesis: sin comisiones no hay tratamiento. Y sin tratamiento no habrá ley.
La situación es alarmante: si se suman los datos de 2021 y de 2020, en dos años y medio fueron destruidas al menos 853.000 hectáreas de humedales, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este 2022, según los datos que recopila y difunde el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Por su parte, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) amplía a 100.000 las hectáreas quemadas en lo que va del año.
Camaño desde adentro del Congreso detalla los pasos que deberían hacerse: “Lo que debe haber es una reunión de todas las comisiones que tengan el tema para dictaminar. Nosotros hicimos todo el trabajo de consulta durante el año pasado y el anterior, lo que falta es una reunión conjunta de todas las comisiones para emitir dictamen. No sirve que hagamos una reunión de la Comisión de Ambiente, eso no sirve, no alcanza. Desde Ambiente tenemos que exigir al resto de las comisiones que se sienten y debatan y que digan por qué no tiene que haber una ley de humedales”.
Rosca vs urgencias
El 21,5% de la superficie de Argentina –600.000 km²– la constituyen humedales: lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, esteros, bañados, albuferas, rías y marismas distribuidas en once regiones, en zonas urbanas y rurales.
El proyecto de ley busca entonces que se les brinde un uso ambientalmente respetuoso, que las actividades preserven sus funciones ecológicas y se eliminen los factores que los perturban. Además, dispone fondos para protegerlos, estimula la participación ciudadana en la toma de decisiones, y propone un inventario para registrar las zonas de humedales.
Con los pies en este panorama responde Camaño:
¿El oficialismo no quiere tratar este proyecto?
Yo creo que en el oficialismo y en la oposición de Cambiemos hay diputados que no quieren impulsar el proyecto.
¿Es posible establecer los consensos necesarios para que sea tratado?
Lo que veo es que hay una oposición férrea. Nosotros estamos pensando en los humedales como en el Delta, pero la Convención Internacional tiene definidos 42 humedales, 42 cuestiones geográficas que son humedales. Por ejemplo: los salares son humedales y fijate de qué manera se está produciendo litio en Argentina sin ningún cuidado ambiental. Las turberas son humedales. Los deltas son humedales. Acá hay una suerte de mora en la definición y en la protección de los humedales de darle un tratamiento, porque el cuidado ambiental no tiene que ver con la prohibición: tiene que ver con que en los lugares donde se produce se cuide el ambiente, y se reponga, que se hagan las cosas correctamente cuidando el ambiente. Aparentemente quienes están produciendo en zonas de humedales pretenden producir de cualquier forma y a cualquier costo, y ese es el problema más serio que tenemos. Se tiene que producir, pero de manera sostenible, y se tiene que reproducir reparando el daño que se produce al ambiente cuando se produce.
Uno de los discursos contra la ley es que se frena la producción y reactivación económica, ¿qué opina de este argumento?
Eso es mentira. Lo que se pretende es que quien se va a beneficiar con el recurso natural no se beneficie tanto como para dejar el daño no solamente a nuestro país sino a las generaciones futuras. Hay un discurso mentiroso respecto al tema ambiental de aquellos que intentan tener muy grandes ganancias en contra del ambiente que es un bien de todos.
La «cuchillada en la espalda«
Aunque el proyecto presentado este año por el diputado Leonardo Grosso toma como texto el dictamen consensuado durante 2021 con 37 firmas de diputados y diputadas que adhieren –todos de la bancada oficialista a excepción de la diputada Margarita Stolbizer- el tratamiento no llega.
“No veo voluntad política, honestamente”, sintetiza la diputada Camaño, quien también presentó un proyecto propio, como muchos otros diputados y diputadas. La cantidad de proyectos da cuenta de que el tema está en agenda de parte de la Cámara pero no llega a impulsarse.
Camaño menciona el anteproyecto del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como un ejemplo de la falta de esa voluntad: “Es lamentable no solamente porque han habido dos instancias en el 2013 y en 2016 con media sanción del Senado, sino porque en el año 2016 el COFEMA fijó los lineamientos de lo que tiene que ser la Ley de Humedales, y no tienen nada que ver con el proyecto que anda dando vuelta y que todavía no fue presentado a la Cámara”.
El 11 de julio, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en conjunto con el Ministerio Nacional de Ambiente en manos de Juan Cabandié, anunció que se presentaría otro proyecto. Desde la Multisectorial de Humedales emitieron un comunicado en el que dicen de manera contundente que “se trata de un texto completamente vaciado de valor y de contenido, que lejos está de proteger los humedales, no es más que una estafa al pueblo y una burla a quienes dedicamos tiempo y energías a perseguir un real ejercicio de la democracia”.
La Multisectorial de Rosario denuncia esta trampa: “Ese proyecto de Cabandié es una tremenda cuchillada en la espalda a las organizaciones que vienen sosteniendo el proyecto de Ley de Humedales consensuado, que fue el que llevamos en la travesía el año pasado y dejaron caer en 2021. Hace modificaciones clave sobre la definición de humedales, sobre el cuidado de ese ambiente. Cuando decimos ‘Ley de Humedales ya!’, hay que aclarar cuál ley. Están negando y aplastando la voz popular, de la gente que está en los territorios diciendo qué ley necesita”.