El genocida Miguel Etchecolatz murió hoy. Acumulaba ocho sentencias por genocidio . Fue el director de investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps durante la última dictadura militar. Fue responsable de cientos de torturas, asesinatos y desapariciones. Entre ellas, la de Julio López, uno de los principales testigos de sus crímenes, desaparecido nuevamente en plena democracia, mostrando la vigencia del aparato represivo montado en dictadura. Compartimos las dimensiones y detalles a 15 años sin Julio y su testimonio completo en el juicio por la verdad, clave para enviar a Etchecolatz al lugar donde murió: la cárcel común.
Entre la noche del domingo 17 y el día del lunes 18 de septiembre, Julio López fue desaparecido por segunda vez. Corría 2006, plena democracia. López tenía 77 años y el 28 de junio de ese mismo año había dado un testimonio histórico.
Ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, explicó detalladamente su propio secuestro y torturas en tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y asesinados Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Fue testigo y uno de los tres querellantes en la causa, junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y a otra sobreviviente del terrorismo de Estado, Nilda Eloy.
Lo más importante: identificó entre sus torturadores al excomisario Miguel Etchetolaz. “Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza», aseguró López en aquella declaración. Etchecolatz había sido director de investigaciones y mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps durante la dictadura.
López no llegó a ver el efecto de su testimonio: fue desaparecido la madrugada del día anterior al que se leerían los alegatos del juicio: un mensaje.
Su familia y los organismos de derechos humanos denuncian que el ideólogo del secuestro no es otro que Etchecolatz y sus ejecutores, en connivencia o participación directa, miembros o ex miembros de la Policía Bonaerense, de sostenida relación con el genocida.
Finalmente, el Tribunal condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Pero López nunca más fue encontrado hasta hoy, ni la causa que investiga su desaparición forzada pudo echar luz sobre qué pasó.
Al contrario, como supo decir Nila Eloy, el expediente por su segunda desaparición es “un manual de la impunidad”.
El caso de Julio López simboliza los mecanismos de encubrimiento estatal sobre crímenes de diverso tipo, y los nexos de esa impunidad desde tiempos de la dictadura hasta hoy.
Causa López
La responsabilidad del Estado en el empantanamiento de la investigación judicial es la mayor evidencia del expediente por la segunda desaparición de López. Un breve racconto:
López, pese a haber señalado a uno de los genocidas más peligrosos y con tentáculos aún en la Bonaernese, no contaba con tipo alguno de protección o cuidado estatal.
Durante los primeros meses, la jueza de Garnatías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javeir Berlingieri investigaron las hipótesis de que Julio podría haber tenido “un shock emocional que pudiera causarle pérdida de memoria, o alguna forma de extravío”; también sugirieron que decidiera esconderse en alguna parte ante la exposición que significaba la condena de Etchecolatz.
La nota de lavaca de ese mismo año:
Mientras tanto, la querella fue la que hizo mover la causa, trazándose tres objetivos. Primero, que el expediente saliera de la justicia provincial y pasara a la federal; que se cambiara la carátula a desaparición forzada; y que tuviera personal especial para la investigación.
Tres meses llevó conseguir lo primero: que se dejara de investigar la desaparición de López como un extravió implicaba profundizar la hipótesis del secuestro, de la desaparición forzada por sectores policiales o “bolsones” de represores en actividad. Así se pasó al fuero federal, a manos de los jueces Manuel Humbreto Blanco, Arnaldo Corazza y Ernesto Kreplak.
Se tardó un año y medio hasta que esto ocurrió formalmente y la procuración designó personal para la causa.
Fue entonces que el juez Arnaldo Corazza se declaró incompetente, alegando una denuncia que había le hecho la familia de López dos meses atrás, planteando que el propio juez podía estar entre los responsables de falta de cuidado a testigos como Julio López.
La Cámara de Casación resolvió, a fines de 2009, que el caso debe ser investigado por el fiscal Sergio Franco. Sin embargo, Franco apeló alegando falta de personal y desconocimiento de la causa. Otro ida y vuelta que por entonces Adriana Calvo – militante gremial docente, secuestrada en febrero de 1977 por la dictadura- relataba a lavaca sin metáforas: la causa corría en un carrito, de una fiscalía a otra.
Los años siguientes no fueron más auspiciosos, pese a que las pruebas del secuestro surgían de llamadas anónimas al 0800 abierto para aportar información sobre López (la principal involucraba a Carlos Falcone, “íntimo amigo de Etchecolatz”, capitán retirado de la Bonaerense, médico forense, que se escondió en Pehuajó tras la desaparición); una nota de un periodista alemán que llevó a un tal Sobrado, ex jefe de Policía bonaerense; cruce de llamadas que vinculaban a Etchetolatz con otros presos; una agenda del represor que ostentaba sus tentáculos y anotaciones de Etchecolatz y su chofer, Hugo Guallama, escritas en la cárcel de Marcos Paz que tenían especial interés en Jorge Julio López: escrito de puño y letra por el ex director de Investigaciones de la Policía provincial podía leerse “pedir todas las declaraciones del Sr. López”. Y en mayúsculas: “Urgente”.
Entre muchas otras, la mayoría de las líneas que conectan a Etchetolatz se encuentran sintetizadas en el libro Los días sin López, una investigación que desnuda la causa judicial que durante una década se dedicó a no buscar a un testigo clave desaparecido en democracia.
El loop de cambios de jueces –dos de ellos, fallecidos durante el proceso- y fiscales fue la característica: “Es una causa abandonada, donde se aparenta hacer cosas, pero en realidad se cambian personas y funcionarios, ponen un empleado nuevo que vuelve a mirar la causa desde el principio, y así todo queda siempre en la nada”, decía Nilda Eloy a lavaca antes de fallecer en 2017.
Los años siguientes, según fue siguiendo esta agencia, la investigación no continuó pero sí las intimidaciones a otros testigos involucrados en el juicio: llamados sospechosos, grabación de reuniones privadas, etc.
En resumen, la causa no contó con apoyo político ni decisión judicial para avanzar en firme sobre las pistas que apuntaban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario o a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz.
Hoy no hay imputados ni línea de investigación. Tampoco una política de Estado fuerte para esclarecer el caso, así como tampoco voluntades de asumir el rol en las desapariciones de personas del Estado en general.
La otra Corte
Fue por eso que, ya sin esperanza en la justicia argentina, en 2014 el colectivo Justicia Ya! presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Denunciaron allí el estancamiento de la investigación, solicitando se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso de Julio López.
Recién el 5 de septiembre de 2017 la CIDH dio traslado de la denuncia al Estado argentino: pidió una “solución amistosa” en el marco del artículo 48 (inciso 1,F) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; una especie de mediación, en la cual se puede arribar a algún acuerdo entre las partes. El colectivo Justicia Ya! –querellante en la causa de López- rechazó esta propuesta resumiendo los últimos años de impunidad: “Durante la gestión de (Mauricio) Macri aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la ‘solución amistosa’ a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes”, señalaron desde Justicia Ya! Al Pulso Noticias.
Según explicó la abogada Pía Garralda al mismo medio, ahora “la Comisión decidirá si toma resoluciones, que son indicaciones para el Estado Argentino, o envía el caso a la Corte para que se sancione al Estado Argentino por incumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos”.
El pedido: que se sancione al Estado argentino por el incumplimiento de los tratados internacionales y que sea un impulso para que se investigue seriamente.
El nuevo juicio
No fue ese el único juicio que debió enfrentar Etchecolatz como resultado del testimonio de Julio. Mientras era juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de La Cacha se lo vio escribir y exhibir desafiante un papel donde se leía «Jorge Julio López».
«Cuando se vio a Etchecolatz con ese papel, en el 2014, no se hizo nada. Yo le pregunté al fiscal: ´No lo va a llamar para preguntarle?, ¿quiere que le pregunte yo? ´Y nunca se hizo nada con eso«, reclama su hijo Rubén. Hasta el día de su muerte, nadie le pidió explicaciones al represor: https://www.eldestapeweb.com/politica/derechos-humanos/hijo-de-jorge-julio-lopez-todavia-espero-a-que-llamen-a-etchecolatz-para-que-diga-que-quiso-hacer-con-ese-papel–20219177430
El testimonio de López sigue siendo clave, hoy.
El pasado 13 de septiembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar por delitos de lesa humanidad cometidos en el excentro de «Pozo de Arana» al expolicía Julio César Garachico y al genocida Miguel Etchecolatz,
El juicio se lleva adelante en los Tribunales Federales de 8 y 50 y se realiza de manera semipresencial; tiene su punto de partida desde las propias declaraciones de López, el 28 de junio del 2006, tres meses antes de su secuestro, en aquel juicio que se realizó en el salón del Palacio municipal. Garachico había sido mencionado por López en aquel año pero fue detenido 6 años después.
Garachico afronta acusaciones como “coautor inmediato de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de siete personas” – entre ellas López-, y como “responsable en calidad de partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado” en perjuicio de tres de ellas.
Mientras Etchetolatz espera el juicio en prisión, Garachico lo hace gozando de prisión domiciliaria.
En la última audiencia, se volvió a emitir la última declaración de López a través de video: https://www.diariocontexto.com.ar/2021/09/13/volvieron-a-transmitir-los-testimonios-de-jorge-julio-lopez-de-2006-en-el-juicio-a-etchecolatz/ El testimonio de Nilda Eloy también fue retransmitido. Nilda, quien dio su testimonio seis días antes que López, el 22 de junio del 2006 y fue una incansable luchadora para desarmar la impunidad de la causa, falleció en 2017.
En aquella oportunidad Eloy contó cómo fue secuestrada a los 19 años, el 1 de octubre de 1976 cuando estudiaba Medicina en La Plata. También describió su cautiverio en los centros clandestinos de La Cacha, el Pozo de Quilmes, el destacamento de Arana, el Vesubio, El Infierno y la comisaría de Valentín Alsina, tras lo cual fue “blanqueada” como prisionera y alojada en el penal de Devoto.
Los testimonios de Nilda Eloy y el de Jorge Julio López fueron clave para condenar por genocidio a Etchecolatz en el 2006 y todo indica que impulsarán una nueva condena en este juicio.
Etchetolatz acumulaba ocho sentencias por genocidio.
Murió hoy, en una cárcel común.
Pero mientras ocurre todo esto, López sigue sin aparecer.
