Como funcionaria del Ministerio Público, María Eugenia Río viene denunciando distintos episodios de violencia machista por parte del jefe de los fiscales, Sergio Lello Sánchez, desde 2017. En este reportaje que pretende visibilizar la situación fuera de la provincia, la denunciante cuenta los detalles del maltrato, la impunidad con la que goza Lello Sánchez dentro y fuera del Ministerio, y asegura que su caso no es el único. El antecedente persecutorio y las otras denuncias que acorralan al jefe de los fiscales de Jujuy, a quien distintos sectores reclaman se le haga un juicio político.
Por Inés Hayes y Melissa Zenobi
“Mi nombre es María Eugenia Río, soy funcionaria del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, con el cargo de prosecretaria de Juzgado. Ingresé en septiembre de 2016 y a la fecha me encuentro con el mismo cargo y con carpeta psiquiátrica”, comienza sus palabras María, de 37 años, quien denuncia viene sufriendo acoso y violencia de género por parte del fiscal general de la provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, desde 2017.
El 11 de noviembre de este año María Eugenia presentó una denuncia contra Sánchez por “violencia de género, persecución y amenazas desde febrero de 2017”. Desde Jujuy, cuenta a lavaca: “En mis 5 años de trabajo sufrí 10 cambios de destino dentro del MPA, sin explicación alguna, pero eso no era lo peor, sino que tuve que sufrir todo tipo de hostigamientos, amenazas, violencia de género; a tal punto que me llegó a decir que si no hacía lo que él me decía, al día siguiente mis hijos y yo quedábamos en la calle».
¿Y por qué creés que no lo sacan?
Porque es tanto el poder que se le dio, que hoy no sé quién pueda o se atreva a sacarlo. Una vez, en forma de castigo, me quiso mandar a trabajar a un sótano con una mesa, una silla y un teléfono, donde hay ratas, humedad y de vez en cuando se inunda. Gracias a la intervención de una persona, me mandaron a otro lado. Pero su comentario fue: «Bueno, entonces ponela en la mesa de entradas», como si fuera un mueble.
O sea: él se siente intocable
A este señor le dieron un poder tan grande que ya no sólo ahí dentro le tienen miedo… sino también fuera. Adentro del MPA no soy la única que sufre este tipo de violencia. Todos los colegas saben lo que se vive ahí adentro, pero nos callamos porque tenemos familias, porque juega con el miedo. Yo era el sostén de mi familia y tardé en procesar esto 5 años. Pero mi detonante fue que en julio de este año perdí un embarazo, le pedí que me reconozca las vacaciones porque no estaba preparada ni psicológicamente ni físicamente para volver a trabajar y no me contestó nunca: todavía sigo esperando. Volví a trabajar y mi primer ataque de pánico lo tuve en mi oficina. De ahí no volví nunca más y me encuentro actualmente con carpeta psiquiátrica, con ataques de pánico, de ansiedad, de nervios.
Y aun estando con carpeta psiquiátrica se me siguió hostigando, se me llamó para que vaya a dar explicaciones de por qué publicaba ciertas cosas en mis redes sociales. Esa fue la gota que rebalsó el vaso porque yo estaba medicada, con una dosis alta, inclusive la vez que fui a dar explicaciones me tuvieron que acompañar porque no podía caminar.
“Y que sigan violentándome de esta manera sin una razón fue insostenible, porque durante estos 5 años siempre trabaje, más de lo que tenía que trabajar, más horas de las que tenía que hacer, durante toda la pandemia aun teniendo a mi hijo que es de riesgo, siempre pedí que me reconozcan y me den el cargo que me correspondía, porque seguían entrando personas y les daban los cargos que me correspondían a mí”, cuenta María desde Jujuy.
La Multisectorial de mujeres y diversidades de Jujuy llevó adelante una movilización para que se termine con la violencia y la impunidad: «No podemos tolerar que en un organismo del Estado de la Provincia de Jujuy haya tamaño nivel de machismo y misoginia contra las mujeres como el que ejerció Sergio Lello Sánchez contra mi defendida», dice Mariana Vargas, abogada patrocinante de María Ríos.
Otras denuncias
En 2018, la diputada Débora Juárez (Frente de Todos) pidió el juicio político para Lello Sánchez, luego de denunciar en la Legislatura la violación de su inmunidad parlamentaria por un allanamiento en su domicilio. Acusó al fiscal general de haber iniciado una “persecución” en su contra. La presentación se encuentra en la Comisión de Asuntos Institucionales, a la espera de una resolución.
En julio de 2019, la abogada Agustina Aramayo, secretaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hizo pública su denuncia por “violencia de género y mobbing laboral” en contra de Lello Sánchez ante el Superior Tribunal de Justicia.
En septiembre de 2019 se realizó un pedido de intervención al Poder Judicial mediante un proyecto presentado al Congreso de la Nación, tras el ingreso de un pedido de Juicio político en contra del Fiscal General del STJ, Alejandro Ficoseco. En ese marco Jujuy recibió la visita del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
En septiembre de 2019 el fiscal fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción por distintas irregularidades dentro del MPA. Por caso, lo acusaron de intimidar -mediante sus fiscales- al programa “Jujuy Investiga” a presentar la nómina de los trabajadores de aquel ciclo televisivo en el término de 24 horas. Y es que el programa jujeño expuso la realidad de funcionarios que aún hoy padecen la violencia, arbitrariedad e impunidad con la que se maneja el Fiscal General dentro del Ministerio Público de la Acusación.
En enero de 2020, Lello Sánchez designa a su esposa, Celina Florencia de Tezanos Pintos, como Secretaria Relatora del Ministerio Público de la Acusación.
También en enero se crea el Observatorio de Políticas Públicas con perspectivas de Géneros que recibe a las víctimas de Lello Sánchez, por denuncias de acoso, violencia de género y mobbing laboral. En dicho Observatorio se dispone la remisión de los expedientes radicados en el Superior Tribunal de Justicia.
En febrero de 2020, el jefe de los fiscales es denunciado penalmente por los diputados Emanuel Martín Palmieri, Débora Juárez Orieta, Alejandra Cejas, Fátima Tissera, Leila Chaher y Mariela Ferreyra, por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la Función Pública.
En junio de 2020, la abogada Ivone Haquim, defensora general del Ministerio Público de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal, denuncia a Lello Sánchez por la posible comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de personas, por graves irregularidades en expediente de Abuso Sexual.
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