En la próxima MU publicaremos la nota “Modo mapuche”. Aquí compartimos un anticipo a partir de las repercusiones del acuerdo entre el gobierno neuquino y la comunidad mapuche sobre el cumplimiento de las constituciones nacional y provincial para la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas ante proyectos que puedan afectar a sus familias y territorios. Tal el caso de Vaca Muerta y la construcción del gasoducto Kirchner, entre otros. Infobae, Pichetto, y otras curiosidades del súper lunes.
La noticia aparece en medio de otras sobre “el rating del súper lunes con la final de El Hotel de los Famosos y el debut de Marcelo Tinelli” o –en plan más político– “Los looks de la avant premiere de Santa Evita”.
El título: «Polémico acuerdo entre Neuquén y los mapuches amenaza las inversiones en Vaca Muerta».
El primer párrafo de la nota explica:
“Mientras avanza a paso redoblado el inicio de las obras del Gasoducto Néstor Kirchner, el gobierno de Neuquén, a cargo de Omar Gutiérrez, les propuso a caciques y líderes de grupos autoproclamados mapuches un polémico acuerdo que podría amenazar el desarrollo y las inversiones en el gigantesco yacimiento de Vaca Muerta. Es que el “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada” (CLPI) que presentó el mandatario patagónico en la capital de esa provincia le da a los referentes de esas comunidades intervención y capacidad de veto en ese proyecto, el más importante y estratégico tanto para el sector petrolero como para la estabilidad macroeconómica de la Argentina”.
En una foto aparece Jorge Nahuel, logko (autoridad política) presentado como “hombre fuerte y jefe de la autodenominada Confederación Mapuche de Neuquén” dándose la mano con el gobernador Gutiérrez. (Siguiendo la propia lógica discursiva del artículo podría plantearse que el autodenominado Infobae es un portal que se autoproclama informativo, al igual que sus autopercibidos empleados periodísticos).
La nota explica que este lunes 25 de julio el gobierno de Neuquén se reunió con la Confederación para iniciar un proceso que se respalda en la Constitución Nacional, la provincial, leyes locales y leyes internacionales asumidas por la Argentina. Lo que establece ese cuerpo legal es que toda acción que el Estado o corporaciones intenten realizar en territorios históricamente ocupados por comunidades de pueblos indígenas, debe contar con un proceso de consulta previa, libre e informada que permita que la comunidad involucrada decida si acepta o no dicha acción y, según el caso, que acuerde los modos y condiciones para llevarla a cabo.
No se trata de una ocurrencia del señor Gutiérrez (integrante del Movimiento Popular Neuquino), sino el producto de un largo proceso de luchas, debates y avances jurídicos a nivel internacional y local en las últimas décadas, que establece los mecanismos de participación y consulta en el caso de los pueblos indígenas ante proyectos que involucren esos territorios. Una segunda nota en el mismo portal, luego relegada, llevaba este título: “Duras críticas al acuerdo para Vaca Muerta: “Es ponerse de rodillas ante la extorsión mapuche””. Las duras críticas promueven declaraciones de dos personas calificadas como “peronista republicano” en un caso y “radical” en el otro, llamadas Miguel Pichetto y Pablo Cervi.
Pichetto, que ejerce como Auditor General de la Nación, y fue candidato a vice de Mauricio Macri, reclamó hace poco vía Twitter: “Hay que tener mayor presencia militar en la Patagonia. Es increíble la ligereza con la que se toma el tema mapuche”. También declaró que el reclamo mapuche “es el primer factor separatista que aparece en la Argentina”. Dijo que los mapuche se basan un manual ejercicio operativo que “está tomado de las FARC colombiana”, y que promueve actos insurreccionales “algunos de características terroristas”.
El acto público del gobierno neuquino con la Confederación Mapuche tuvo lugar de manera no tan ominosa, en la Ciudad Deportiva.
Modo mapuche
En la próxima edición de MU, la número 172 que saldrá a la calle esta semana, publicaremos la intervención de Jorge Nahuel (Nawel, como prefiere escribirlo) en el Diplomado Andrés Carrasco en Periodismo y Comunicación Ambiental de lavaca. Allí habló entre muchas otras cosas sobre:
- El odio y la segregación racial.
- Quiénes son los que en realidad atacan y quiénes defienden la Constitución y las leyes.
- El patriarcado en el pueblo mapuche.
- La contaminación no solo territorial sino también social que generó el fracking en Neuquén.
- El tema narco, el juego y la prostitución en Vaca Muerta.
- La falsedad de la idea de “progreso” en Añelo, epicentro de la extracción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
- La RAM, su verdadero significado como forma mediática de justificar el odio a los mapuches.
- La cosmovisión y la práctica mapuche con relación a la vida y el futuro.
- La posición como ciudadanos que asumen los mapuche ante el Estado Argentino, la desmentida a la teoría de que quieren hacer un “Estado aparte”. La mirada sobre funcionarios y políticos.
Explicó además el reconocimiento que ha hecho la propia Corte Suprema sobre la posesión a la tierra, como tema previo a la propiedad de la misma. (Y conviene aclarar que tanto al hablar de posesión como de propiedad, los pueblos indígenas no se refieren a espacios en los que desarrollar proyectos extractivos ni inmobiliarios, sino a una propiedad comunitaria de la tierra que les permita vivir y producir en ella).
Sobre el tema específico de Vaca Muerta y la consulta previa, libre e informada, anticipamos algunos fragmentos de lo que explica Jorge Nawel en dicha nota cuya versión completa podrá leerse en la versión en papel y en la digitalizada de MU:
Sobre las acusaciones a la comunidad, y el acuerdo.
- “Nos han acusado de terrorismo, asociación ilícita, violencia, usurpación, pero no hay causa que no hayamos ganado. La última fue este año. La Corte Suprema obliga al Estado a realizar la consulta previa, libre e informada para decidir sobre la ampliación de un ejido urbano. El propio gobernador (Omar Gutiérrez) nos convocó para articular de aquí en más que el Estado respete formalmente el derecho mapuche a ser consultado ante cualquier proyecto que quiera hacerse en territorios indígenas”.
Sobre el panorama en Vaca Muerta.
- “Tenemos un modelo extractivista a full, que se vende como la gran solución de todos los males económicos del país. Vaca Muerta no es una explotación, es una hiperexplotación. El marco jurídico que hemos ganado con mucha lucha, en la Constitución Nacional, en los fallos de la Corte Suprema, en convenios internacionales como el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), o los fallos de la Corte Interamericana, van quedando como letra muerta al lado de la impunidad de las petroleras para imponer su voluntad. Al decir petroleras englobo también al Estado, la justicia, y al poder mediático. Son enemigos muy poderosos, pero lo peor que podemos hacer es resignarnos a eso. Tenemos que tratar de movilizar a toda la sociedad porque muchos creen que la contaminación petrolera es un problema de los mapuches pero se va entendiendo que no, que el planeta Tierra es un cuerpo que, al afectar cualquier zona, queda afectado en conjunto. Pero estamos muy esperanzados porque se suman cada vez más gente y movimientos para decirle no a semejante nivel de irracionalidad que tiene el fracking. Si vos prendés la televisión lo único que dicen es que construyan de una vez el gran gasoducto, para que aumente la exportación y tener dólares. Es una fiebre energética donde todo depende exclusivamente de esta región, de Vaca Muerta”.
Sobre el reclamo de la comunidad, el racismo, la ley, y la acusación de “usurpación”.
- “Que se respeten las leyes nacionales e internacionales, y las constituciones tanto nacional como provincial. Nos atacan medios que son racistas, discriminadores, que promueven el odio hacia lo mapuche, pero lo que reclamamos son derechos que nos costó mucho instalar, por ejemplo en la actual Constitución Nacional de 1994, cuando hubo una enorme movilización de todos los pueblos de la Argentina en el marco de la Constituyente. Allí se reconoció por primera vez la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas con respecto al Estado Argentino y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupamos. También figura en la Constitución de Neuquén. Son derechos que no nos regaló nadie y queremos hacer valer”. (Conviene señalar en este caso esa enorme movilización, y el rol que Nawel siempre rescata del ENDEPA –Equipo Nacional de Pastoral Aborigen– para que la Constitución de 1994 haya incorporado esos conceptos. La Constitución de 1853, vigente entonces, solo planteaba con respecto a los pueblos originarios: “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”).
Sobre la acusación a los mapuches como “usurpadores”.
- “No se pueden planificar acciones que afecten territorios indígenas sin aplicar el derecho a la consulta previa, libre e informada a la comunidad, que figura además en la Ley 24071. Nos quieren expulsar pero tenemos el derecho constitucional a la posesión de nuestra tierra. No tenemos la propiedad porque el Estado se encargó de no dar esa seguridad a nuestras comunidades, pese a que siempre vivimos en estos espacios y somos preexistentes al propio Estado. No somos usurpadores, es al revés, usurpadores pueden ser los que llegaron por concesiones petrolíferas o títulos fraudulentos. Cuando una derecha perversa habla de que nos queremos apropiar de los bienes del país no dicen que esos bienes ya están apropiados, porque los grandes terratenientes son capitales extranjeros. Mientras tanto la población se va hacinando en barrios de las periferias urbanas que son una vergüenza. Decir que actuamos al margen de la ley o que no respetamos las instituciones es parte de una farsa que se crea para generar criminalización y odio racial”.
¿Cómo funcionará la consulta previa, libre e informada?
- Lo primero es que la consulta implica que el Estado ya no planifica por sí mismo sino consensuando con la comunidad, que tiene que poder decidir qué es bueno y qué es malo para ella y su futuro. La manera violenta de imponer el fracking en estos 10 años nos impidió optar, por eso nuestra resistencia para evitar que esa actividad termine con nuestras vidas. El derecho a la consulta no es un “no” al fracking sino la posibilidad de planificar y otorgar o negar el consentimiento, que es un ejercicio de la libertad fundamental y legítimo. En estos momentos hay unas 5.000 perforaciones hechas alrededor de Añelo por la fuerza. Es una realidad por más que no la querramos. Cuando nos opusimos nos balearon y nos gasearon. La consulta nos puede permitir que la comunidad decida si un ducto puede pasar o no por un territorio, o instalar una locación, sin que sea como cuando entraron a Campo Maripe con la violencia de la Gendarmería. Fue poco antes de la represión a Cushamen (2017) y por eso Patricia Bullrich está procesada por la organización, por haber ordenado un allanamiento sin orden judicial. Pero esas cosas nunca más pueden ocurrir con la consulta y si el pueblo mapuche niega su consentimiento, nadie podrá entrar al territorio para hacer esas cosas”.
Otros datos que conviene tener en cuenta sobre estos temas.
El artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 17 plantea lo siguiente:
“17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Por otra parte el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada se reconoce en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Fue adoptado por la OIT en 1989 y aprobado por la República Argentina en 1992, mediante la Ley 24071. La ratificación del Convenio comenzó a regir en el año 2000. El país es signatario además de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) desde 2007, año de su adopción por la Asamblea General, que profundiza y amplía los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT.
